Un grito por el Chocó: columna de Yolanda Ruiz en el Espectador ante crisis Humanitaria en este Departamento.

Aunque la Constitución consagra que todos somos iguales, en Colombia hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y más allá. Es evidente, pero de vez en cuando toca repetirlo y gritarlo. No importa cuántos intentos se hagan para sacarla de la crisis permanente, la región Pacífica, especialmente el departamento del Chocó, es un territorio aparte, como si llegar allí fuera entrar en otra dimensión.

Porque si esa región fuera parte de este país, hoy estaríamos volcados todos hacia allá para tratar de resolver la crisis humanitaria que vuelve a sacudir un territorio en donde la miseria y el miedo se quedaron a vivir desde hace tiempo.

Si las 1.700 personas que viven hoy desplazadas o confinadas por cuenta de un fuego cruzado estuvieran en el centro de Bogotá, tal vez ya se hubiera encontrado una salida.

Pero es el Chocó, es tierra de nadie, es tierra de olvido, de inmensas riquezas y miseria eterna. Un pedazo de paraíso que estamos destruyendo.

Dice el ministro del Interior, para responder a la crisis humanitaria de hoy y a la convocatoria de una nueva protesta hace un par de días en la región, que ningún gobierno había invertido tanto en el Chocó.

Puede ser cierto, pero no es suficiente porque lo hecho en décadas es poco y aunque se multiplique, la deuda sigue siendo histórica. Pero no repasemos todos los problemas de la región porque para qué hablar del atraso, de las vías que son una vergüenza o que no existen, del agua que no llega, de la criminal tala de árboles, de los ríos contaminados con mercurio por extraer un pedazo de oro manchado de muerte. No quiero repasar lo que se sabe y se mira con indiferencia. Me detengo en lo de hoy.

Desde noviembre del año pasado se advirtió en la zona de Baudó y Bajo Atrato sobre la presencia de hombres armados (no le pongamos nombre para no entrar en el debate sobre si los paras existen o no porque para la gente allá eso es lo de menos). Se dijo que pusieron retenes, que empezaron a cobrar vacunas, fletes por la comida y la gasolina, que pintaron las casas, que amenazaron a la gente. Se los veía patrullar por ahí con sus armas, dijeron que se iban a quedar. Es una historia que conocemos, hay una sensación de déjà vu. Esto ya lo vivimos.

Desde la región se lanzaron las alertas, pero como los gritos que vienen del Pacífico se pierden siempre en la cordillera, pocos escucharon, entendieron y atendieron. El Estado se demora y el que responde a los armados es ¡otro grupo armado! Y la gente, como siempre, en la mitad.

Lo que tenemos hoy son 500 personas desplazadas de sus casas y unas 1.200 más que tienen su pueblo por cárcel porque no se pueden mover en medio de dos grupos armados que se disputan el territorio. Y mientras esto pasa y los desplazados llegan a unas poblaciones que ya están saturadas con sus propias tristezas y no dan abasto para atender a los que llegan, esta historia no logra colarse en los titulares principales copados —no es para menos— por los escándalos de corrupción.

Si algún día lográramos entender que lo humanitario está por encima de todo debate y que la población civil merece respeto en cualquier caso, otra sería la historia.

Si las cifras de las víctimas dejaran de ser un botín para agredir o ganar puntos en las batallas políticas de pronto podríamos atender más fácil la crisis.

Si miráramos a los colombianos del Chocó como seres humanos iguales, todo sería distinto. Porque cuando no los ignoramos los miramos con conmiseración, como si lo que necesitaran las comunidades negras e indígenas fuera caridad. No, lo que reclaman es justicia, atención del Estado en igualdad. Pero eso por ahora es letra muerta en la Constitución.

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