El pequeño pueblo chocoano que tiene en jaque al alto gobierno

Esta es la insólita historia de cómo una demanda que comenzó en un municipio de 7000 habitantes tiene a las puertas de la cárcel a importantes funcionarios del Estado.

Cantón de San Pablo es un municipio del Chocó del que muy pocos colombianos han escuchado. Se trata de un pequeño y tranquilo pueblo de 386 kilómetros cuadrados y con una población que ronda los 7.000 habitantes. Sin embargo, desde hace pocas semanas esa población es la protagonista de una insólita historia que tiene a las puertas de la cárcel a altos funcionarios del Departamento de Planeación Nacional -DNP- , Ministerio de Minas y Energía -MME-y la Agencia Nacional de Minería -ANM-.

El caso comenzó en 2009 cuando un poblador de Cantón interpuso una acción popular con el fin de amparar los derechos colectivos que, según él, se vulneraban producto de la minería ilegal en la zona. Cuatro años más tarde, en el año 2013 un juez de Quibdó profirió un fallo de primera instancia ordenando al MME y la ANM la construcción de un manual para identificar y controlar esas actividades en el municipio. Esas entidades apelaron.

Dos años después, en febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Chocó ordenó al MME y la ANM realizar un estudio sobre el impacto de la minería en el municipio particularmente “daños pasados, presentes y futuros”. Y dispuso que el Ministerio y la Agencia  debían contratar dicho análisis por la Universidad Tecnológica del Chocó. Al DNP el tribunal le ordenó otro estudio para determinar “el eventual costo de que por conceptos de regalías dejó de percibir debido a la minería ilegal”. Esta decisión de segunda instancia nunca le fue notificada al DNP.

A comienzo de 2016, la Universidad envió una propuesta a las entidades por un valor de 5.000 millones de pesos. Al evaluarla el Ministerio y la Agencia ven que no cumple con las mínimas especificaciones técnicas y que tiene serios vacíos. Se realizaron varias reuniones entre los funcionarios de esas entidades estatales y los representantes de las universidad para solucionar los inconvenientes pero nunca se llegó a un acuerdo.

El pasado seis de marzo el juzgado primero de Quibdó decidió abrir un proceso por desacato pues la universidad reclamaba que no le habían pagado los 5.000 millones. Ese juzgado ordenó sancionar a los representantes legales del Ministerio de Minas, Agencia Nacional de Minería y Planeación Nacional con una multa de 35 millones de pesos cada uno o tres meses de cárcel por no haber girado los 5.000 millones. El caso escaló al Tribunal del Chocó que modificó la sanción. Al funcionario del DNP se la bajó a 30 millones y a los otros se las aumentó a 50.

Para evitar pasar tres meses en prisión uno de los funcionarios del MME tuvo que pedir un préstamo bancario por para pagar la multa, lo que equivalía a casi cuatro meses de salario. Los demás optaron por no sacar dinero de su propio bolsillo y menos acceder a la pretensión de que las entidades que representan tengan que pagar los 5.000 millones.

El tema llegó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJ- hace pocas semanas. Un grupo de abogados analizó el caso y ante las evidentes inconsistencias e irregularidades asumió la defensa.  No es fácil entender por qué los jueces y magistrados de Chochó se empeñaron en que el estudio debía ser realizado únicamente por la Universidad Tecnológica de Chocó. Hoy el asunto está en que la ANDJ, en cabeza de Luis Guillermo Vélez,  ha presentado los recursos legales para suspender las órdenes de desacato y presentó acciones ante la Fiscalía, Procuraduría y Consejo Superior de la Judicatura para investigar las sospechosas decisiones de los administradores de justicia del Chocó, lo cual debe resolverse en los próximos días.

Por ahora la batalla entre un medida que nació en un pequeño pueblo chocoano tiene en vilo a tres altos funcionarios que no saben si pasaran varios meses en prisión por no dejar saquear las arcas del Estado.

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